Lo que se resolvió y lo que sigue abierto

El 5 de mayo de 2026, la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) declaró responsables de abuso de funciones a tres exfuncionarios de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex): René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas; Oliverio Pérez Santoyo, exgerente de Operaciones, y Miguel Carrillo Villarreal, exdirector de Planeación, Precios de Garantía y Estímulos. Según La Jornada e Infobae, el tribunal les impuso diez años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y el pago solidario de 261,211,579 pesos por el daño causado al organismo, por haber aprobado en 2019 contratos para la presunta adquisición de maíz y frijol, justificados en un desabasto que no se acreditó como emergencia y sin registro de que los cargamentos se hubieran entregado. El expediente, de acuerdo con La Jornada, se identifica con una clave del Órgano Interno de Control de Segalmex y llegó al tribunal en enero de 2024.


Es indispensable distinguir planos. Se trata de una resolución administrativa, no de una condena penal, y las notas consultadas no precisan si ya quedó firme. En el terreno penal, según Infobae, Gavira enfrenta al menos siete causas por delitos como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y uso ilícito de atribuciones, y permanece en prisión preventiva. Expansión Política reportó el 2 de septiembre de 2026 que en todo el caso se han presentado alrededor de 150 denuncias y que 26 personas fueron vinculadas a proceso, nueve exservidores públicos y 17 particulares, sin que exista hasta ahora una sentencia definitiva. Para todas ellas rige la presunción de inocencia. Este texto no se pronuncia sobre responsabilidades individuales: le interesa lo que el expediente muestra sobre cómo se detectan, o no, las decisiones que nadie revisa a tiempo.


Cómo apareció el problema: auditorías y cambio de administración

Segalmex fue creada en enero de 2019. Las irregularidades no surgieron en el momento en que, según las investigaciones, se habrían gestado, sino después, a partir de las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre las cuentas públicas de 2019 y 2020, que observaron posibles daños por unos 9,500 millones de pesos, y de las revisiones de la entonces Secretaría de la Función Pública. De esa cifra, según lo informado por el titular de esa dependencia y recogido por Expansión, 4,700 millones fueron aclarados, 2,100 seguían en análisis y 2,700 millones no fueron aclarados.


El cambio de administración también pesó. Tras la salida de Ignacio Ovalle, quien encabezó el organismo desde su creación y no ha enfrentado cargos penales según Expansión, la nueva dirección de Leonel Cota Montaño informó en octubre de 2022 que Segalmex había presentado 32 denuncias ante la Fiscalía General de la República, que el organismo y sus filiales habían sido objeto de 48 auditorías entre externas e internas y que su órgano interno de control había abierto 618 expedientes sobre posibles responsabilidades. Más tarde, Segalmex se fusionó con Diconsa en el actual organismo Alimentación para el Bienestar. La secuencia describe un patrón conocido en control interno: la brecha entre el momento en que un riesgo se activa y el momento en que alguien con otros ojos, una auditoría o una nueva gestión, lo detecta. Cuanto más larga es esa brecha, mayor es el daño potencial cuando finalmente aparece.


Un caso privado reciente, en etapa inicial

El fenómeno no es exclusivo del sector público. En septiembre de 2026, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León obtuvo la vinculación a proceso de Jesús Mario "N", de 53 años, directivo de una cadena de tiendas de autoservicio que la Fiscalía no identificó oficialmente, por los delitos de fraude, administración fraudulenta y falsificación y uso de documentos, conforme a la legislación de ese estado. Según la acusación, presuntamente realizó operaciones sin autorización interna y utilizó documentos con firmas presuntamente falsas para obtener pagos por unos 57.4 millones de pesos. El juez de control impuso prisión preventiva y fijó tres meses para el cierre de la investigación complementaria. La vinculación a proceso no es una declaración de culpabilidad, y las notas publicadas no detallan cómo se detectaron las operaciones.


Qué prevé la ley mexicana

En el ámbito federal, el Código Penal Federal tipifica el cohecho en su artículo 222: comete el delito el servidor público que pida o reciba indebidamente dinero o cualquier ventaja para hacer o dejar de hacer algo propio de su cargo, y también quien la ofrezca o entregue. Entre particulares, las figuras que suelen invocarse son otras: el abuso de confianza del artículo 382, para quien dispone de una cosa ajena cuya tenencia, y no su dominio, se le transmitió, y la administración fraudulenta del artículo 388, que sanciona con las penas del fraude a quien, teniendo a su cargo la administración de bienes ajenos, perjudica a su titular alterando cuentas o condiciones de contratos, simulando operaciones o gastos inexistentes o realizando a sabiendas operaciones perjudiciales. El artículo 11 Bis incluye el cohecho de quien ofrece o entrega la dádiva y la administración fraudulenta entre los delitos por los que pueden imponerse consecuencias a una persona jurídica.


La Ley General de Responsabilidades Administrativas, con última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 2025, regula el plano administrativo: el abuso de funciones (artículo 57) y el cohecho (artículo 52) de servidores públicos, el soborno cometido por particulares (artículo 66) y la responsabilidad de las personas morales por faltas graves cometidas por quienes actúan en su nombre y para su beneficio (artículo 24). Su artículo 25 ordena valorar, al determinar esa responsabilidad, si la empresa contaba con una política de integridad, cuyos elementos incluyen manuales que delimiten funciones y cadenas de mando, un código de conducta aplicado, sistemas adecuados de control, vigilancia y auditoría, canales de denuncia y capacitación. No es una obligación autónoma para toda empresa privada, pero sí la descripción más precisa que ofrece la ley mexicana de cómo se ve un sistema de control que funciona.


El riesgo está en la función, no solo en la persona

Lo que ambos expedientes ilustran, con independencia de su desenlace, es que el riesgo también reside en el diseño del puesto: en la capacidad de aprobar contratos, liberar pagos o modificar condiciones comerciales, y en si esa capacidad pasa por una revisión independiente antes de ejecutarse. El marco COSO de control interno, una referencia voluntaria y no una obligación legal en México, coloca la segregación de funciones entre sus actividades de control básicas: evitar que una misma persona inicie, apruebe, registre y concilie una operación. En muchas organizaciones mexicanas esa segunda firma se diluye con frases conocidas, como "lo autoriza el director", "es de toda la confianza" o "siempre se ha hecho así". Ninguna dice nada sobre la persona; dicen mucho sobre el control que se dejó de aplicar.


Human Risk Management, entendido como la gestión estructurada de los riesgos asociados a personas, funciones, accesos y decisiones, y no como vigilancia sobre los empleados, propone pensar el riesgo en función del poder de decisión que cada rol concentra, y no solo en el momento de la contratación. "Ningún proceso previo al ingreso sustituye un buen diseño de controles: cuando una sola firma puede comprometer millones, la pregunta no es únicamente quién ocupa el puesto, sino quién revisa lo que ese puesto decide, y con qué frecuencia", señala Guido Schenone, Comercial & Growth Manager de Validato. Validato, compañía especializada en Background Screening y Human Risk Management con presencia en México, no tiene relación con Segalmex, con la empresa afectada en Nuevo León ni con los procesos mencionados, y no hay elementos para afirmar que una verificación de antecedentes habría evitado alguno de estos hechos.


La pregunta que deja el expediente

Las causas penales de Segalmex siguen sin sentencia y el caso de Nuevo León apenas comienza; ambos deben leerse como lo que son, procesos abiertos con personas que se presumen inocentes. Pero el dato de que, en el caso de Segalmex, las irregularidades aparecieran a partir de auditorías posteriores y de un cambio de administración deja una pregunta que no depende de ningún fallo: cuánto tiempo puede pasar, en una organización pública o privada, entre que una función con poder de decisión queda sin control cruzado y el momento en que alguien lo advierte. Para Compliance, Auditoría Interna, Finanzas, Legal y la alta dirección, acortar esa brecha es, probablemente, la inversión de control más rentable y la menos visible.


Fuentes y marco normativo consultado

  1. La Jornada, "TFJA inhabilita a René Gavira y otros exfuncionarios de Segalmex por abuso de funciones" (5 de mayo de 2026), sanción de diez años, monto de 261,211,579 pesos y expediente del Órgano Interno de Control presentado en enero de 2024; https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/05/05/politica/tfja-inhabilita-a-rene-gavira-y-otros-exfuncionarios-de-segalmex-por-abuso-de-funciones
  2. Infobae, "Caso Segalmex: TFJA ordena a René Gavira y exfuncionarios resarcir 261 millones de pesos" (6 de mayo de 2026), cargos y situación procesal penal de Gavira; https://www.infobae.com/mexico/2026/05/06/caso-segalmex-tfja-ordena-a-rene-gavira-y-exfuncionarios-resarcir-261-millones-de-pesos/
  3. Expansión Política, "Segalmex: 2,700 mdp sin aclarar y ninguna sentencia en el mayor caso de corrupción con AMLO" (2 de septiembre de 2026), observaciones de la ASF, denuncias, vinculaciones a proceso y ausencia de sentencias; https://politica.expansion.mx/mexico/2026/09/02/segalmex-2700-mdp-sin-aclarar-sin-sentencias
  4. El Ciudadano, con declaraciones de Leonel Cota a La Razón, "Presenta Segalmex 32 denuncias..." (1 de octubre de 2022), auditorías y expedientes del órgano interno de control; https://www.elciudadano.com/?p=905988
  5. La Crónica de Hoy, declaraciones de Leonel Cota sobre denuncias penales (14 de diciembre de 2022); https://www.cronica.com.mx/nacional/desvio-recursos-segalmex-hay-denuncias-penales-leonel-cota.html
  6. El Imparcial, "Directivo de una cadena de autoservicio en Nuevo León fue vinculado a proceso por un presunto fraude de 57.4 millones de pesos..." (18 de septiembre de 2026); https://www.elimparcial.com/mexico/2026/09/18/directivo-de-una-cadena-de-autoservicio-en-nuevo-leon-fue-vinculado-a-proceso-por-un-presunto-fraude-de-574-millones-de-pesos-realizado-mediante-operaciones-no-autorizadas-y-documentos-con-firmas-falsas/
  7. Hora Cero, "Procesan a exdirectivo privado por presunto fraude de más de 57 mdp en NL" (septiembre de 2026); https://horacero.com.mx/nuevo-leon/fraude-de-mas-de-57-mdp-en-nl
  8. Código Penal Federal, arts. 11 Bis (consecuencias para personas jurídicas), 222 (cohecho), 382 (abuso de confianza) y 388 (administración fraudulenta), texto consolidado de la Cámara de Diputados; https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPF.pdf
  9. Ley General de Responsabilidades Administrativas, última reforma DOF 15-12-2025, arts. 24, 25, 52, 57 y 66; https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf
  10. COSO, Internal Control, Integrated Framework (2013); marco voluntario de referencia internacional
  11. Validato, descripción de servicios de Background Screening y Human Risk Management en México; https://validato.ch/mx-es/human-risk