Escrito por Guido Schenone


¿Qué se suele verificar de un candidato en Argentina?

Los procesos de selección pueden verificar identidad, experiencia laboral, formación académica, certificaciones, referencias y, cuando el puesto lo justifica, información patrimonial o crediticia o antecedentes penales. Ninguna de estas verificaciones debería aplicarse de forma automática a todos los candidatos: la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales exige que los datos sean ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con la finalidad para la que se obtienen, y que el tratamiento cuente con el consentimiento del titular, salvo excepciones legales. Para el candidato, esto significa que puede preguntar qué se va a verificar, para qué y con qué fuente; para la empresa, que cada verificación debería poder justificarse por el riesgo del puesto.


¿Qué derechos tiene el candidato sobre sus datos?

La ley reconoce tres derechos operativos. El artículo 14 establece que el titular tiene derecho a solicitar y obtener información de sus datos personales incluidos en bancos de datos; el responsable debe responder dentro de los diez días corridos de haber sido intimado fehacientemente, y el derecho puede ejercerse en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses. El artículo 16 reconoce el derecho a que los datos sean rectificados, actualizados y, cuando corresponda, suprimidos, con un plazo máximo de cinco días hábiles desde que se recibe el reclamo. Y el artículo 43 de la Constitución Nacional prevé la acción de hábeas data, que permite tomar conocimiento de los datos referidos a la persona y exigir su supresión, rectificación, confidencialidad o actualización. Son plazos de la ley; la respuesta de cada empresa dependerá de cómo se canalice el pedido.


¿Cómo se corrige un dato erróneo o se reclama si no hay respuesta?

El camino práctico tiene dos pasos. Primero, enviar una solicitud por escrito al responsable de la base de datos, con constancia de recepción, indicando el dato que se considera incorrecto y la corrección pretendida. Segundo, si la empresa no responde en plazo, presentar una denuncia ante la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP). Según la página oficial de la agencia, la denuncia es gratuita, se presenta por el sistema Trámites a Distancia con Clave Fiscal de nivel 2 o superior, o de forma presencial con una nota firmada, copia del DNI y de la solicitud original, e incluye la documentación de respaldo; la agencia actúa “en caso de corresponder”, sin garantía de resultado. La alternativa judicial es la acción de protección de datos personales o hábeas data, prevista en los artículos 33 a 35 de la ley.


¿Qué dicen las reglas sobre antecedentes penales, deudas y datos sensibles?

Son los tres puntos donde más dudas aparecen. La Ley 25.326 establece que los datos relativos a antecedentes penales o contravencionales solo pueden ser tratados por las autoridades públicas competentes; el Certificado de Antecedentes Penales lo emite el Registro Nacional de Reincidencia y puede solicitarlo la propia persona por Mi Argentina, Clave Fiscal u otros medios habilitados. En materia financiera, el artículo 26 permite archivar datos significativos para evaluar solvencia durante los últimos cinco años, plazo que se reduce a dos cuando el deudor cancela o extingue la obligación, y la Central de Deudores del BCRA puede consultarse con el CUIT, CUIL o CDI. Respecto de los datos sensibles, el artículo 7 dispone que ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos de ese tipo, y la Ley 23.592 sanciona los actos discriminatorios. Cómo se articula la restricción sobre antecedentes penales con un certificado que entrega el propio candidato no está resuelto en las fuentes consultadas, por lo que conviene una revisión jurídica caso por caso.


¿Qué puede hacer una empresa para ordenar el proceso?

Para las áreas de Recursos Humanos, la guía del candidato es también una guía de diseño: informar con claridad qué se verificará, obtener el consentimiento por escrito, limitar el alcance al puesto, ofrecer un canal para corregir errores y conservar la documentación. “Un proceso de verificación que el candidato entiende y puede corregir es también un proceso más defendible para la empresa”, señala Guido Schenone, Comercial & Growth Manager de Validato. Validato estructura estos procesos con consentimiento del titular, fuentes identificadas y registro de cada hallazgo, de modo que una discrepancia pueda revisarse antes de convertirse en una decisión definitiva.


Referencias

  1. Ley 25.326, arts. 7, 14, 16, 26 y 33 a 35. Infoleg. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/norma.htm. Vigente; los artículos 14, 16 y 26 se consultaron en fragmentos literales.
  2. Constitución Nacional, art. 43 (hábeas data). Infoleg. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm. Vigente.
  3. AAIP, “Denunciar incumplimientos de la Ley de Protección de Datos Personales” (modificada 26/02/2025). https://www.argentina.gob.ar/node/93199.
  4. Registro Nacional de Reincidencia, Certificado de Antecedentes Penales. https://www.argentina.gob.ar/justicia/reincidencia/antecedentespenales.
  5. BCRA, Central de Deudores. https://www.bcra.gob.ar/BCRAyvos/Situacion_Crediticia.asp.
  6. Ley 23.592 de actos discriminatorios, art. 1. Infoleg. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/20465/norma.htm. Vigente.